En el Congreso, la diputada Mirtha Titule critica la reforma laboral como regresiva, destacando la derogación de la ley de teletrabajo sin considerar avances tecnológicos como la reducción de horas laborales. Denuncia el tratamiento exprés que modifica 13 leyes, deroga 9 y altera 56 artículos de la ley de contrato de trabajo, viéndolo como una falta de respeto a la Cámara y a los argentinos. Enfatiza el impacto negativo en mujeres, con licencias por maternidad por debajo de estándares internacionales, y en la negociación colectiva que precariza derechos. Menciona cierres de empresas en Entre Ríos con despidos masivos y el rol del peronismo en la construcción histórica de derechos laborales.
El diputado Juan Fernando Bruste, desde el humanismo cristiano, rechaza el proyecto por su mala redacción técnica, ambigüedades y vacíos que generan incertidumbre jurídica. Critica la indefinición del ius variandi, la limitación al derecho a huelga con lista excesiva de servicios esenciales, y cómo no beneficia ni a trabajadores ni empresarios, aumentando litigiosidad y trasladando decisiones al Poder Judicial. Subraya la desconexión con un modelo económico estable y reforma impositiva, y el impacto negativo en PYMEs que emplean al 90% de los trabajadores. Invoca el artículo 14 bis de la Constitución y frases de constituyentes como Horacio Peña: "ni el capitalismo inhumano, ni el estatismo absorbente, respetan la dignidad del trabajador".
El diputado Lisandro Nieri defiende la reforma como avance parcial para modernizar una ley vetusta de hace más de 40 años, reduciendo la brecha entre costo laboral y salario neto, y combatiendo la informalidad que afecta a cuatro de cada diez trabajadores. Señala la falta de avances previos bajo gobiernos peronistas con mayorías, y cómo el marco actual genera tensión y litigios. Mientras, afuera del Congreso estalla la represión policial contra manifestantes en la Plaza de Dos Congresos: Ezequiel Páez reporta desalojo con motos, Prefectura con perros, balas de goma, gases lacrimógenos y carro hidrante, describiéndolo como "cacería indiscriminada" pese a pocos manifestantes, con detenidos y gases persistentes en la zona.
Volviendo al recinto, un diputado lee una noticia sobre el caso de Outes, mano derecha del gobernador de Salta Saenz, quien perdió un juicio laboral por dejar incapacitado de por vida a José Cristian Toledo con un 84% de incapacidad tras una descarga eléctrica en su empresa de adoquines, y se niega a pagar, destacando impunidad en el contexto de la reforma.