En la sesión del Congreso, diputados opositores continúan arremetiendo contra la reforma laboral, tildándola de 'ley esclavista' y 'mamarracho inconstitucional' que elimina la justicia social, deroga estatutos profesionales como el del periodista, y favorece a empresarios al facilitar despidos sin causa, promover informalidad del 50% de la fuerza laboral y violar la Constitución Nacional junto con tratados de la OIT sobre no regresividad. Critican el hachazo a salarios y jubilaciones que genera persecución religiosa contra cristianos al borrar la justicia social, considerada un derecho sagrado, y dibujan una 'modernización' que es en realidad obsolescencia y regresión, sin abordar inteligencia artificial, vehículos autotripulados ni economía del conocimiento.
Los legisladores destacan asimetrías en la sociedad donde la libertad entre desiguales beneficia solo al poder, ilustrando con ejemplos cotidianos como trabajadores pidiendo flexibilidad horaria o aumentos salariales que los jefes rechazarán por el riesgo de despido barato, llevando a ríos de sangre históricamente por negar conquistas laborales. Exigen salarios por encima de la línea de pobreza para policías, gendarmes, maestros y médicos, recordando al Papa Francisco: 'ningún trabajador sin derecho, trabajo sin derechos es esclavitud y quienes lo promueven son verdugos', pidiendo a diputados no traicionar al pueblo que los eligió.
En el nuevo tramo del debate, un diputado reconoce el esfuerzo del dictamen pero critica exclusiones significativas como someter trabajadores embarcados a un régimen antiguo sin explicación, y la derogación de estatutos como el del periodista que pone en riesgo la independencia periodística, junto con los de viajantes y peluqueros. Denuncian el enmascaramiento de 'modernización' al derogar la ley de home office aprobada en pandemia, sin elementos para el trabajo a distancia o tecnológico, revelando una reforma sistémica que beneficia solo al sector empresario al debilitar indemnizaciones, excluir tiques canasta y bonos del cálculo salarial, y agotar discusiones jurisprudenciales resueltas por la Corte.
Se ataca la creación del FAL como un fondo híbrido que debilita el sistema jubilatorio y el Fondo de Sustentabilidad, extrayendo unos 2.600 millones de dólares por año para asistir despidos pero sirviendo de negocio financiero al Ministro Caputo y soporte al gobierno, en lugar de implementar un verdadero fondo de desempleo con aporte empresarial del 3%. Critican la liquidación del fuero laboral transfiriendo competencias a la Ciudad de Buenos Aires, presumiblemente más favorable a empresarios, y el modelo de convenios por empresa que históricamente fracasa al ser capturado por la izquierda en casos como Citrón o empresas recuperadas, promoviendo negociaciones en la cúspide para mayor racionalidad en lugar de fragmentación que beneficia solo a grandes actores.