En la sesión del Congreso, diputados opositores continúan criticando la reforma laboral como una regresión histórica que remite a épocas de explotación descritas por Atahualpa Yupanqui, donde los trabajadores dependían de jueces amigos de los patrones. Se denuncia que la ley busca llevar a Argentina al modelo peruano de 80% informalidad laboral, miseria generalizada sin clase media, universidad gratuita ni salud pública, alineado con visiones como las de Caputo y referencias al cierre de FATE que deja en la calle a más de 900 trabajadores debido a la apertura indiscriminada de importaciones, afectando a más de 22.000 empresas y 290.000 puestos de trabajo genuinos.
Los legisladores atacan el derecho colectivo del trabajo, el desfinanciamiento de sindicatos, la atomización de la negociación colectiva y el fin del derecho de huelga, vinculándolo al modelo sindical argentino legado por Juan Domingo Perón, que el oficialismo busca borrar con revanchismo para regresar a 1880. Se critica la prevalencia de negociación por empresa a la baja, el fin de la ultraactividad, la deshomologación de convenios colectivos inconstitucional y violatoria de la OIT, subestimando la lucha popular pese a persecuciones históricas. El proyecto es calificado como íntegramente regresivo, peor que el de la dictadura, y una traición histórica si peronistas lo apoyan.
La intervención prosigue denunciando los 40 capítulos y 218 artículos como firmados por Milei, Caputo y Sturzenegger, con siglas como FAL que transfieren recursos del sistema previsional a indemnizaciones por despido, vaciando fondos de jubilados destrozados y promoviendo un negocio financiero como las AFJP de los 90. Se cuestiona la quita de aportes patronales de hasta 15 puntos porcentuales, beneficiando a grandes empresas en RIGI como petróleo, minería, agroindustria y banca sin exclusiones, regalando vaciamiento previsional en provincias como Neuquén, donde se crea empleo pero se premia a quienes no lo necesitan.
El debate destaca la perversidad del ratio que beneficia a empresarios que no pidieron la reforma, mientras los trabajadores registrados e informales pierden, y se critica la segmentación que ignora a pymes informales. Finalmente, se alude a los trabajadores agrarios con extensiones de prueba a ocho meses, más vaciamiento de aportes y falta de compatibilidad con AUH o tarjeta alimentaria, en un contexto de Argentina circular con cuatro procesos de precarización, donde el gobierno actúa como marabunta devorando derechos de jubilados, universidades, discapacitados, maestros y conquistas de anarquistas, radicalismo y peronismo, legalizando la precarización según datos del Ministerio de Capital Humano.