En la sesión del Congreso, diputados opositores denuncian la reforma laboral como una 'ley esclavista' que precariza el trabajo informal del 50%, facilita despidos sin debate y viola la Constitución Nacional y tratados internacionales de no regresividad. Critican el hachazo a salarios y jubilaciones que genera desempleo, cierre de fábricas y ruina de comerciantes, acusando al gobierno de Milei de estafar a trabajadores con discapacidad y promover informalidad sin incentivos reales para formalizar el empleo. Comparan el modelo con el de Perú, con 80% de informalidad y miseria, inspirado en Martínez de Hoz y Donald Trump, que desindustrializa y reprimariza la economía sin crear puestos dignos.
El debate continúa con críticas al tratamiento exprés del proyecto, sin discusión ni argumentación, donde el oficialismo solo instala slogans sobre modernidad sin referirse a contenidos concretos como el teletrabajo (derogado por la ley 27.555) o derechos de trabajadores de plataformas digitales, ignorando recomendaciones de la OIT. Se enfatiza que la legislación no crea empleo, sino las políticas económicas, y se lamenta el cierre de FATE con 900 despidos, sumado a 22.000 empresas cerradas y 290.000 puestos perdidos por apertura de importaciones, generando solo informalidad y cuentapropismo.
El ataque central es al derecho colectivo del trabajo, disolviendo la justicia laboral y enviando juicios al contencioso administrativo, desfinanciando sindicatos y atomizando la negociación para favorecer empresas sobre actividades, eliminando ultraactividad y deshomologando convenios, violando convenios OIT y el derecho de huelga al declarar todo servicio esencial. Se acusa de revanchismo histórico contra el modelo sindical peronista, buscando regresar a 1880 con persecuciones y encarcelamientos, subestimando la lucha popular que continuará pese al 'mamarracho inconstitucional' alineado con ideología libertaria peor que la dictadura.
Peronistas advierten que apoyar esta reforma sería una traición aberrante, mientras se denuncia su regresividad en artículos firmados por 'Mi ley' para cuidar PYMES pero beneficiando a grandes empresarios, con siglas como FAL que transfieren 2.500 millones de dólares del sistema previsional a indemnizaciones, negocio de 'cajita feliz' ideado por Sturzenegger y Caputo para medir ratios de ganancia y precio pagado por trabajadores.