Con 135 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral del gobierno, un momento histórico que quedará registrado, aunque regresa al Senado por la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad. El recorte a los derechos laborales se celebra como objetivo cumplido para el gobierno y los estudios jurídicos de grandes empresarios que participaron en su redacción. La votación por títulos y capítulos pasó absolutamente todo, con escasa defensa oficialista: solo un diputado de La Libertad Avanza repitió párrafos prohibidos por reglamento, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni no cerró, y Cristian Ritondo del PRO insertó su discurso sin pronunciarlo. Nadie del oficialismo defendió realmente la ley, y algunos advirtieron que quedaría grabado su voto.
El debate fue superficial, sin discusión artículo por artículo pese a críticas como el período de prueba de ocho meses para peones rurales, eliminación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que fijaba salarios mínimos, extensión a seis meses para domésticas, y opcionalidad del seguro para apps. Una sola diputada de Unión por la Patria cuestionó el impacto en trabajadores agrarios, donde ahora terratenientes y peones negocian libremente salarios por debajo del mínimo. El espíritu de la reforma entrega derechos en bandeja, representado por el artículo 44 que recortaba sueldos por enfermedad a la mitad, calificado como inhumano incluso por Ritondo, quien votó a favor.
La sociedad merece argumentos reales, no aprobaciones entre gallos y medianoche; se recuerda debates extensos como la ley de medios, interrupción voluntaria del embarazo o matrimonio igualitario, con expertos y año de discusión. Los diputados son irresponsables, corruptos, burros y cobardes, ganan millones para transformar vidas pero evaden hacerse cargo de sus votos. Este voto envía la reforma al Senado, donde un plenario de comisiones busca dictamen hoy para sanción definitiva el viernes. Jorge Sola de la CGT anunció judicialización por inconstitucionalidad, violando la no regresividad de derechos sociales.
La falta de compromiso con el contrato electoral es evidente, exigiendo más a representantes que priorizan intereses empresariales sobre trabajadores rurales, domésticos y de apps, en una ley no discutida en 50 años supuestamente modernizadora.