La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, en un acto con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. La norma busca una reconciliación nacional y pacificación, abriendo puertas para convivir democráticamente.
La ley otorga amnistía a participantes en protestas políticas y actos violentos desde 2002 hasta 2025, pero excluye condenados por rebelión militar de 2019. No devuelve bienes confiscados, no revoca inhabilitaciones políticas ni levanta sanciones a medios.
Se crea una comisión especial para supervisar implementación y revisar casos no cubiertos. La oposición reclama la liberación de unos 600 presos políticos detenidos ilegalmente. Aunque limitada, el pueblo venezolano esperaba esta medida para un reencuentro nacional.
Familiares de presos políticos se concentraron frente a la prisión de Zona 7 en Caracas, celebrando la aprobación y comprometiéndose a acampar hasta la liberación del último, como expresó Jesse Orozco. Organizaciones de derechos humanos advierten que no beneficiará a cientos, mientras el gobierno insiste en cargos por delitos comunes.
La polémica surge porque para algunos detenidos se argumentan causas comunes, posiblemente falsificadas para justificar detenciones, y todo requiere análisis en Venezuela.