En conexión telefónica, el titular del sindicato Los Aceiteros, Daniel Joffre, defiende sus declaraciones radicales previas al paro general, donde instó a prender fuego al país con huelgas si el gobierno de Javier Milei no garantiza derechos laborales básicos como alimentación, educación y vacaciones para los trabajadores. Joffre aclara que no se arrepiente, argumentando que fue sacado de contexto y que sus palabras buscan visibilizar la lucha sindical contra una reforma laboral que elimina protecciones, con salarios promedio de 1.8 a 1.9 millones en mano para obreros y hasta 3 millones en categorías superiores.
Joffre promueve un paro por tiempo indeterminado liderado por el Frente Sindical de Unidos, con Abel Furlan al frente, junto a CTA, aeronáuticos y papeleros, afectando vuelos y otras industrias. Critica la delicada situación económica pero insiste en que el gobierno, minado de empresarios, ignora a los trabajadores en el debate de la reforma de más de 200 puntos, todos desfavorables, proponiendo huelgas prolongadas como la Mesa de Enlace hizo con 100 días de bloqueos sin backlash social.
Señala que la precariedad laboral, con solo 6 millones de 22 millones en empleo formal, genera apatía, agravada por 290.000 puestos perdidos y 22.000 pymes cerradas en dos años, culpando importaciones y bajos salarios por debajo de la pobreza al 90% de registrados. Acusa a sindicatos de no pelear salarios y al gobierno de mantener el aporte solidario del 1% como coima para comprar silencio, desconocendo acuerdos de la CGT con el gobierno que preservan status quo.
Joffre urge al triunvirato de la CGT a luchar para evitar un estallido social como en 2001, argumentando que el problema es económico, no normativo, y que eliminar derechos no generará empleo ni inversiones, citando cierres como Petroquímica Río Tercero por importaciones. Se define políticamente como "salarial", defendiendo trabajadores sin violencia, rechazando acusaciones de patrimonio oculto y destacando transparencia en la obra social, que enfrenta deudas estatales y problemas en prestaciones, comprando medicamentos directamente para ahorrar.
Insiste en que si la ley pasa constitucionalmente, se aceptará pero se buscará cambiarla democráticamente, aunque ve la huelga como herramienta legítima sin violencia física, enfocando fuerza en paros industriales como en aceiteros, no en protestas callejeras contra el Congreso.