La Corte Suprema de Justicia, en un fallo reciente de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, ordenó que la numeróloga Piti siga siendo investigada por una denuncia que la acusa de aprovecharse de clientes en situación de vulnerabilidad, manipulándolos psicológicamente para despojarlos de dinero o bienes. La causa tramitará en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9, resolviendo un conflicto de competencia entre justicia federal y ordinaria. La presentación judicial fue simultánea a una denuncia en Comodoro Py en 2002, cuando se supo que el entonces presidente del Banco Nación Silvina Batakis y la gerente general María del Carmen Barros contrataron a Piti con fondos del Estado.
Aparece en escena Pablo Salúm, quien se presenta como titular de la Red Libremente, exigiendo investigar a Piti por aprovechamiento de clientes. El fallo de la Corte habilita que siga la investigación en justicia ordinaria, rechazando el archivo de la causa que buscaba Piti. Se discute si la contratación con fondos públicos es el foco o la manipulación de vulnerables, considerada más grave por la denuncia.
El tema radica en que funcionarios contratan numerólogos con bienes del Estado, como han hecho varios presidentes, en lugar de pagar con su salario personal. La denuncia de Pablo Salón acusa a Piti de captar personas vulnerables para manipularlas psicológicamente y despojarlas de dinero o bienes, y la Corte da vía libre para investigarlo, destacando su gravedad si se confirma.
Intentos de contactar a Piti durante la mañana no tuvieron éxito para que comente la causa relacionada con su trabajo para Batakis, donde ella se arrepintió de usar fondos estatales. La Corte no declara culpabilidad, pero mantiene abierta la investigación en un expediente que llegó hasta la máxima instancia judicial.