En la planta de FATE en Virreyes, zona norte, se desarrolla una asamblea de delegados y trabajadores en los jardines para definir posiciones, en medio de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires. La empresa debía reabrir a las 6 de la mañana, pero los trabajadores encontraron un cartel indicando que el ingreso se facilitará solo cuando estén dadas las condiciones operativas, violando los términos de la conciliación.
Los trabajadores, liderados por Alejandro Crespo, secretario general del sindicato, reclaman la reapertura inmediata de la planta y un plan de producción para garantizar la continuidad laboral. Todos los empleados con vacaciones de 21 días se presentaron, pero hallaron la puerta con candado, demostrando cero ausentismo. Crespo enfatiza la antigüedad de la fábrica, con trabajadores de décadas, y critica la falta de voluntad de la empresa pese a sus balances positivos, como ganancias de 190 millones de dólares en informes recientes.
La asamblea ratificó la exigencia de tareas y una solución definitiva, apuntando al holding de Mansilla de Quintanilla, dueños de Aluar y empresas energéticas, para que subsidien la operación. Se discute la inviabilidad legal de obligar a la producción, pero el conflicto sigue en desarrollo con salarios por 15 días bajo la conciliación, sin pago de indemnizaciones. Los trabajadores permanecen en la planta para presionar, advirtiendo que alejarse pondría en riesgo sus puestos.
Expertos señalan que, aunque el dueño quiere cerrar, es difícil forzar la continuidad, y en marzo se revisará el caso. El impacto afecta a 920 empleos directos y miles indirectos, con llamados al gobierno nacional y provincial para intervenir en esta emblemática industria de 80 años.