La fábrica FATE en Virreyes cierra sus puertas, dejando a 920 trabajadores en la calle, con una conciliación obligatoria que no se cumple según denuncian los delegados. La situación se agrava por la reforma laboral aprobada, vista como antiobrera que quita derechos y favorece despidos baratos a patronales, en un contexto de 20 a 30 empresas cerrando diariamente.
Trabajadores como Víctor, con 21 años en la empresa, expresan bronca por el cierre planeado y ocultado durante una parada de mantenimiento. La fábrica pasó de 1500 a 700 empleados en un año y medio, con salarios congelados por 14 meses, mayor riesgo laboral y tercerizaciones afectadas, impactando familias que usan tarjetas para comida básica.
En vigilia permanente, planean un festival el domingo y audiencia el lunes en el Ministerio. El tono es dramático, destacando el desafío para laburantes, con testimonios de herreros y metalúrgicos de zona norte que ven aplicaciones como única salida precaria, multiplicando el impacto por 4 o 5 en cadenas de empleo.
Críticas al gobierno por ignorar la crisis industrial, mientras el presidente anda por otro lado, subrayando cómo la reforma complica la situación general del país para trabajadores y sus familias con escuelas y necesidades básicas insatisfechas.