En el programa De una, se denuncia que mientras se apagan las luces en la Cámara de Diputados, el Senado enciende rápido para avanzar la reforma laboral y convertirla en ley la próxima semana. La agenda del gobierno incluye sesión el jueves por la baja de la imputabilidad y el viernes por esta reforma que amenaza el futuro laboral de los trabajadores. La realidad cotidiana golpea duro: con o sin reforma, la crisis laboral es profunda. Testimonios de trabajadores en situación precaria, como en Balvanera, revelan un stand-by económico donde no se ve mejora a la vista, con despidos masivos y dificultades para acceder a medicamentos vía PAMI.
La judicialización es inminente, con la CGT y laboralistas anticipando demandas colectivas e individuales contra puntos clave como el fondo de asistencia laboral, cambios en indemnizaciones, nuevas figuras contractuales que legalizan el monotributo fuera de la relación laboral, período de prueba a 12 meses, restricciones al derecho de huelga, fin de la ultraactividad de convenios colectivos y el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Funcionarios judiciales nacionales, con 30 juzgados vacantes y salas cerradas, quedan en la calle, lo que genera más conflicto.
El traspaso busca una justicia favorable al gobierno, evitando fallos pro-trabajadores, como ha criticado Patricia Bullrich. Todos los juicios laborales porteños pasarán por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad antes de la Corte Suprema, asegurando alineación política. Esto es un fin político claro para reducir litigiosidad a favor del Ejecutivo.
En cuanto a paritarias, la reforma apunta a negociaciones por empresa en lugar de sectoriales, debilitando el poder de los trabajadores. Ejemplos como la construcción muestran menor salario y alta rotación, lo que se extendería a todos los convenios, resultando en pérdida de poder de fuego para los laburantes frente a dueños individuales.
La calle grita la crisis: testimonios destacan la incertidumbre económica, con paritarias que no alcanzan para la inflación, despidos y precariedad general que la reforma agravaría sin remedio inmediato.