La reforma laboral fue aprobada ayer en Diputados con 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, obteniendo media sanción sin mayores correcciones salvo el artículo 44 sobre pagos por enfermedad. El proyecto pasa ahora al Senado, donde Patricia Bullrich encabezó una reunión matutina que ya otorgó dictamen, preparando la sanción final para el viernes próximo, con sesión previa el jueves para bajar la edad de imputabilidad. Javier Milei y su gabinete celebraron el avance, destacando el triunfo jurídico y político pese a críticas por acuerdos con gobernadores.
En el debate, panelistas como Luis Novaresio analizan el impacto: la ley no genera puestos de trabajo por sí sola, sino que depende de la reactivación económica, pero reduce derechos de los trabajadores registrados, como indemnizaciones menores, fraccionamiento de vacaciones, extensión del período de prueba y banco de horas. Se critica la desigualdad en negociaciones entre empleadores y empleados, y se recuerda que flexibilizaciones pasadas en los 90 no crearon empleo. El gobierno insiste en que beneficia a informales, pero expertos dudan de su efectividad en un contexto de estancamiento.
Otros puntos polémicos incluyen el desfinanciamiento del INCAA al eliminar el aporte del 2% en entradas de cine, repudio de FOPEA por la derogación del estatuto de periodistas, y el uso de fondos previsionales del ANSES para un nuevo fondo de indemnizaciones administrado por Caja de Valores. Se cuestiona la sostenibilidad del sistema jubilatorio con ratio de 3 activos por 1 pasivo, y se anticipa judicialización de artículos inconstitucionales, como la preclusión de juicios laborales. El tono ideológico del gobierno busca retirar al Estado de los vínculos laborales, pero genera preocupación por autónomos y trabajadores en negro que siguen excluidos.
La discusión resalta la falta de oposición estructurada y el bajo nivel en el debate político, con incidentes como desenchufes de micrófonos por Florencia Cariñano y cadenas entregadas a Martín Menem. Panelistas coinciden en que la ley prioriza despidos fáciles sobre generación de empleo en un país con alto desempleo, y critican la curaduría de proyectos culturales al eliminar fondos automáticos del INCAA.