En FATE, entre 30 y 40 trabajadores permanecen dentro de la planta tomada, mientras otros esperan afuera una respuesta al cierre anunciado por el dueño. A pesar de aceptar la conciliación obligatoria de 15 días, el empleador afirma que no abrirá la fábrica ni reincorporará personal, amparado en la ley que permite cierres si se pagan indemnizaciones y deudas.
La discusión en estudio destaca cómo la actual ley de contrato de trabajo protege a los empleados de despidos arbitrarios, pero la reforma propuesta borraría estos límites, facilitando despidos más baratos y reduciendo protecciones como fraccionar vacaciones o cambiar jornadas sin judicialización. Expertos advierten que sin estas salvaguardas, los trabajadores enfrentarían más abusos, especialmente en un contexto de alta informalidad.
Se critica la retroactividad de la ley, aplicándose a despidos futuros incluso bajo contratos antiguos, y la adición de instancias judiciales como el Tribunal Superior de Justicia, avalado por la Corte Suprema. En la realidad argentina, con 6 millones en negro y miedo a represalias, pocos trabajadores inician juicios, desmintiendo mitos de "industria del juicio" o "mafia de certificados", ya que la ley actual permite verificaciones médicas y despidos por causa justificada.
La reforma agravaría la precariedad laboral, donde conseguir empleo es difícil y reclamar derechos conlleva riesgos, beneficiando solo al empleador al eliminar límites a su facultad de dirección y facilitando cierres como en FATE sin reincorporaciones reales.
Los panelistas enfatizan que la ley actual equilibra poder, previniendo castigos disfrazados de cambios laborales, pero post-reforma, la única opción sería considerarse despedido, recurriendo a una justicia percibida como favorable al poder económico.