Ya son tres las denuncias penales contra Federico Sturzenegger, su esposa María Josefina Roubillat y hasta el canciller Pablo Quirno por el millonario curso de inglés contratado por la Cancillería a la asociación dirigida por la mujer del ministro. El contrato por 114 millones de pesos para 132 funcionarios en 2026 contrasta con el uso por solo 10 personas en 2025, lo que genera sospechas de sobreprecios y direccionamiento.
La Oficina Anticorrupción dictaminó que no había conflicto de intereses, pero reveló que la Asociación Argentina Cultural Inglesa no era la única capacitada para certificar exámenes, desmintiendo el argumento oficial. Cada curso sale 863.636 pesos por alumno, un monto exorbitante comparado con los 100.000 pesos que costaría en el mercado privado, destacando el curro y la falta de motosierra en estos gastos estatales.
Además, el Ministerio de Desregulación alquiló oficinas por 720 millones de pesos en medio de la política de alquiler cero, incluyendo cocheras para el ministro. Denuncias de abogados como Díaz Pascual, Magión Calda y la senadora Juliana Di Tullio robustecen las acusaciones de malversación, con Comodoro Py bajo escrutinio por su selectividad en las investigaciones.
El conductor ironiza sobre la efectividad de la Justicia y llama a la acción ciudadana con ruidazos, mientras se cuestiona dónde fue a parar el dinero no utilizado en los cursos previos.