La reforma laboral permite a empresas como Fatep echar trabajadores sin indemnizaciones, bajando la base de cálculo y afectando a miles en medio de la desindustrialización, importaciones chinas y crisis automotriz. Esto toca a todos, desde empleados tradicionales hasta repartidores de apps como Uber o Rappi, donde los algoritmos penalizan rechazos de pedidos sin verdadera flexibilidad horaria.
Se eliminan protecciones clave: fin de la ultraactividad de convenios deja a trabajadores marítimos desamparados, negociando beneficios por viaje; banco de horas extiende jornadas a 12 horas sin pago extra, robando tiempo personal; y el blindaje impide paros en actividades esenciales, con asambleas penalizadas y caída de la justicia laboral que deja a 1.500 trabajadores sin fuero.
La ley es retroactiva, permitiendo reingresos con peores condiciones y negociaciones individuales por debajo de convenios nacionales, rompiendo la negociación colectiva. Comparado con el FAL de 2.400 millones de dólares (0.37% del PBI), supera varias moratorias previsionales anuladas, financiando despidos y beneficiando a Caputo con licitaciones manipuladas vía Banco Central.
Julia Di Tullio denuncia que no es transferencia sino disolución de 30 juzgados laborales para fallos pro-patronales, eliminando un fuero eficiente y rápido, mientras el gobierno detesta la justicia que protege accidentes y derechos, llevando a una ley de la selva sin sindicatos ni defensas.