En el programa, se discute la grave situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde los presos utilizan celulares para extorsionar a víctimas, amenazándolas con llamadas desde números de comisarías o directamente visitándolas. Los panelistas destacan cómo estos dispositivos entran por contrabando o de forma registrada, pero con controles insuficientes, permitiendo un call center delictivo dentro de los penales, similar a escenas de series como El Marginal.
Se critica la connivencia entre guardias y presos, con ejemplos de lujos como boliches y quioscos internos, y se apunta a la responsabilidad del ministro Javier Alonso y el jefe del servicio penitenciario Javier Arese, acusado de ideología garantista que favorece a los delincuentes. Los presos no solo continúan sus delitos, sino que se gradúan en crímenes mayores dentro de la cárcel, multiplicando la inseguridad para todos.
El debate toca el abolicionismo penal impulsado por figuras como Zaffaroni, que trata a los delincuentes como víctimas de la sociedad, y compara con penales federales donde hay bloqueo de redes y controles estrictos. Se lamenta que esta realidad pueda afectar a cualquiera, con presos amenazando: "Te voy a llamar desde la comisaría o voy a tu casa", y se exige mayor control para evitar que las cárceles sean universidades del crimen.
Los panelistas insisten en que la justicia debe prohibir los celulares, como pidió el fiscal en el caso de la banda del millón, pero reconocen que es una aguja en un pajar ante el universo de 50.000 presos provinciales. Se critica la falta de autoridad y cómo los derechos de los delincuentes priman sobre los de las víctimas.