En Mañanas Argentinas, se reporta el paro general más contundente en la era Javier Milei, con trenes, colectivos, subtes y taxis suspendidos, cientos de vuelos cancelados y la situación en FATE tras su cierre definitivo, dejando a los trabajadores en asamblea mientras la industria se desmorona con más de 21.000 empresas cerradas en la gestión. Desde Constitución, el móvil de Cristian Romero muestra un panorama desolador: pocas personas, estaciones cerradas como en un feriado dominical.
En entrevista con el diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro, se enfatiza la importancia de la presión social para evitar el avance de la reforma laboral en el Congreso, donde el quórum es clave y hay dudas en diputados de provincias peronistas como Catamarca, Salta y Tucumán ante la presión de sus gobernadores. Santoro critica el trámite exprés del proyecto, similar a la ley bases, y destaca el escándalo por el artículo 44, donde Sturzenegger reveló recortes en licencias por enfermedad al 75% o 50% del sueldo, exponiendo la desconexión del gobierno con la realidad cotidiana de los argentinos, que no entienden pagos de alquileres, supermercados o cambios en jornadas laborales.
Santoro denuncia que el gobierno es anti-producción y anti-empleo, priorizando timba financiera y extractivismo, con la apertura comercial y dólar planchado destruyendo industrias como FATE, que cierra dejando a 920 familias en la calle, en un contexto de 21.000 empresas quebradas. Advierte que el dólar barato a 1.400 pesos es temporal y beneficiará solo a un sector, mientras la mayoría sufre, y la reforma laboral facilita despidos baratos y explotación vía banco de horas, sin abordar modernizaciones reales como protección a trabajadores de plataformas o teletrabajo.
El abogado laboralista Matías Cremonte explica que la reforma no moderniza: deroga la ley de teletrabajo de 2020 sin reemplazo, mantiene la jornada de 1929 en 8 horas diarias y 48 semanales pero la flexibiliza perjudicialmente, e ignora debates globales como el convenio de la OIT para plataformas digitales, donde la reforma explícitamente excluye a estos trabajadores de la ley de contrato de trabajo, considerándolos "socios" en lugar de empleados.