La guerra en Ucrania ha marcado un antes y un después para las naciones que comparten frontera con Rusia, Belarus y Ucrania, especialmente los países bálticos que han enfrentado tensiones por el enclave de Kaliningrado. Expertos destacan problemas históricos como interrupciones en el tránsito ruso, pero los mayores riesgos actuales radican en el ámbito energético y la ciberdefensa, con intentos de vulneración en software y hardware que afectan empresas, infraestructuras y entidades estatales.
Estonia ha sido el país más golpeado por ciberataques rusos, mientras que sabotajes a cables submarinos en el Mar del Norte han sido atribuidos a flotas vinculadas a petroleros rusos. La Unión Europea prioriza asistencias en energía para mitigar pérdidas de suministros rusos o amenazas a centrales nucleares, junto con mejoras en infraestructuras para conexiones defensivas y estrategias de ciberseguridad, sin un rearme ofensivo significativo contra Rusia.
Durante cuatro años de conflicto, el apoyo de la UE a estos nueve países —Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria— se ha centrado en evitar crisis energéticas y de refugiados, similar al respaldo a Ucrania. La prioridad es mantener la pertenencia a la OTAN y la UE como elemento disuasorio, fortaleciendo sistemas antimisiles, antidrones y defensas contra violaciones aéreas rusas.
En el contexto de la conferencia de Múnich, Europa busca un "divorcio amistoso" con Estados Unidos en relación a Rusia, actuando independientemente de la OTAN. El análisis de Lucas Lorenzo Montero, politólogo y experto en geoestrategia, subraya que estas medidas son defensivas y buscan proteger conceptos estratégicos clave en Europa del Este.