El Ministerio de Seguridad emitió una directiva que obliga a los periodistas a ubicarse en un corralito designado durante las protestas de mañana, advirtiendo que quienes no cumplan se autoponen en peligro y son responsables de cualquier lastimadura. La medida se justifica como protección, pero los conductores la tildan de intento para limitar la cobertura y evitar que se vea la represión potencial de las fuerzas de seguridad.
Se critica duramente esta normativa, recordando que los periodistas ya asumen riesgos inherentes al oficio, especialmente con figuras como Patricia Bullrich al frente. Se menciona el uso de inhibidores de celulares que impiden comunicación, contradiciendo la supuesta protección y revelando el verdadero fin: alejar a la prensa para que no documente abusos. En contextos de guerra, incluso, se garantiza la seguridad de reporteros independientemente de su posición.
El rol histórico de la prensa en Argentina se destaca, como en el Puente de Avellaneda con el caso Ferreira y fotos de Pepe Mateo de Clarín que expusieron responsabilidades policiales en asesinatos. Esta directiva amenaza el ejercicio de la protesta, ya que la cobertura periodística es clave para dirimir si las fuerzas cometen delitos represivos no avalados por la ley, protegiendo así derechos fundamentales.
Los panelistas aseguran que nadie acatará esta "paparruchada" ni "tontería", y que los medios no se alejarán para observar desde lejos, enfatizando que es una locura más de Bullrich y el gobierno. Se califica como extorsión bajo amenaza de resguardar la salud para limitar la actividad de la prensa, un disparate que no vale la pena discutir en profundidad.