Ángel Vicente denuncia nuevas perforaciones ilegales de Atalaya Mining Copper en Extremadura, sin presencia del agente de medioambiente y sin permisos completos. La empresa ha construido una balsa para químicos contaminantes, violando normativas como la red Natura 2000, obligatoria por la UE. Las autoridades declaran no tener competencia, obligando a vías judiciales para detener los trabajos.
El cambio climático agrava las sequías en la región, donde la minería consume grandes volúmenes de agua, amenazando a agricultores como Héctor, quien advierte: "Sin agua no hay vida. Y si nos la quitan, nos están matando". Proyectos mineros múltiples podrían dejar sin recursos hídricos al sur de la provincia, forzando migraciones y destruyendo medios de vida locales.
Se revela que el verdadero valor de la mina radica en el oro, camuflado bajo proyectos de cobre e hierro, con bonificaciones por metales preciosos alcanzando casi 40 millones de euros, haciendo deficitaria la operación sin ellos. Atalaya Mining no comenta las acusaciones. Paralelamente, China restringe exportaciones de galio y germanio, impulsando la ley UE de materias primas críticas para reducir dependencias.
En Bruselas, negociadores de la UE logran acuerdo en la ley, acelerando aprobaciones mineras para cubrir 10% de necesidades con producción local, permitiendo minería en áreas protegidas por interés público superior, pero sin exigir consentimiento previo (FPIC) a comunidades afectadas. Activistas como Diego y Mati exigen respeto a derechos indígenas y cuestionan la "etiqueta verde" de la minería, destacando demandas militares como los 415 kg de tierras raras por avión F-35.
La industria se presenta como clave para la transición energética, pero críticos advierten contra la obsesión por el crecimiento que ignora impactos ambientales y sociales, proponiendo moderación en consumo para evitar chantajes geopolíticos.