En los aledaños del Congreso, se espera la llegada de sindicatos no CGT a partir de las 12 horas, recordando que en la última movilización el gobierno impidió el acceso a la plaza para minimizar la visibilidad de la multitud. La columna principal transitaba por calles cercanas, y ahora se anticipa una similar movilización gremial contra la reforma laboral que amenaza derechos de los trabajadores.
El gobierno también alejó a la prensa de los puestos habituales de cobertura en Rivadavia y Callao, enviando los móviles a lugares remotos para limitar el acceso a la marcha. Mientras tanto, desde el Ejecutivo se filtra la estimación de pérdidas por un paro general: 575 millones de dólares, con Aerolíneas Argentinas suspendiendo 255 vuelos y afectando a entre 31.000 y 64.000 pasajeros, con una pérdida de 3 millones de dólares para la empresa. Críticos cuestionan por qué las ganancias empresariales no incluyen a los trabajadores, viéndolos como desechables.
Para asegurar quórum en la sesión de las 14 horas, diputados oficialistas llegan en autos desde provincias, facilitados por el presidente de la Cámara, Mario Menem, ya que el paro afectó vuelos. Legisladores incluso transmiten en vivo por TikTok desde adentro del Congreso durante oradores, apostando a toda forma de difusión en un debate crucial para Argentina. El horario tardío permite que lleguen a tiempo sin riesgos de no votar la ley.
En Puente Pueyrredón, la tensión persiste con manifestantes de izquierda retrocediendo ante efectivos de Policía Federal y Prefectura, a solo 100 metros del puente. Hay calma relativa pero frágil: un paso más activa la represión, con tanquetas hidrantes y canes listos. Los manifestantes se reagrupan para avanzar al Congreso por otros medios, como micros o autos, manteniendo el corte y la determinación de protestar.
La sesión podría extenderse hasta medianoche o madrugada, dependiendo de la labor parlamentaria a las 13 horas, que definirá oradores y duración. Analistas señalan que sectores como el peronismo tucumano y radicales han apoyado al gobierno, pese a promesas de gobernadores a la CGT. Esto genera estallido social en provincias, con paritarias pisadas y reformas regresivas que empeoran la vida de los trabajadores.