El gobierno nacional ingresó un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario que está lejos de cumplir las pautas establecidas en la ley suspendida por decreto presidencial de Javier Milei, recordando que fue vetada pero insistida por el Congreso.
Esta iniciativa busca quitar focos de conflicto, pero hasta ahora recibe el rechazo unánime de los rectores de universidades de todo el país, quienes critican su insuficiencia para sostener el sistema educativo público en medio de la crisis económica.
El proyecto no aborda los reclamos centrales por mayor presupuesto y autonomía universitaria, manteniendo tensiones entre el Ejecutivo y el sector académico en un contexto de recortes presupuestarios generales.