La diputada Karen Ter critica ferozmente el proyecto de reforma laboral por no haber pasado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, generando una fábrica de juicios y violando principios constitucionales. Destaca el artículo 44 que reduce a la mitad el salario en casos de accidentes o enfermedades no laborales, llamándolo una barbarie ejemplificada por Sturzenegger. Rompe el principio protectorio del derecho laboral, surgido para equilibrar la asimetría entre trabajadores y empleadores.
La diputada María Graciela de la Rosa argumenta que esta ley no crea trabajo sino despidos a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que precariza el empleo. Señala que los aportes para el FAL se sacan de la ANSES, afectando a los jubilados con un desfinanciamiento de 3,4 billones de pesos, equivalente al doble del superávit financiero anunciado por el gobierno para 2025. Recuerda el recorte del 13% a jubilaciones en 2001 por la actual defensora de la ley en el Senado, y critica la administración de fondos por sociedades de bolsa con comisiones del 1%, generando más de 30 mil millones de pesos para privados, tres veces el presupuesto de educación técnica profesional recortado en un 93%.
De la Rosa lee un documento de seis gobernadores peronistas (Buenos Aires, Santiago del Estero, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Formosa) que rechaza la ley por no resolver la informalidad laboral mediante recortes de derechos, sino con políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización e innovación normativa. Manifiesta su voto negativo contra esta ley de precarización laboral.
El diputado Ernesto Pipi Alí califica la ley como ómnibus que incluye temas previsionales y tributarios, encabezada deficientemente y debatida de manera exprés para ocultar su daño a trabajadores, provincias, municipios y jubilados vía el FAL financiado por ANSES. Menciona el cierre de una fábrica en San Luis dejando 54 familias en la calle, y pérdidas de empleo en provincias como San Luis (6,2%), San Juan (1,6%) y Mendoza (4,5%) desde 2023. Critica el impacto en coparticipación con 65.404 millones de pesos quitados, y ataca a los "conversos" en el Parlamento comparándolos con Borocotó.
Alí denuncia la ausencia de un plan de industrialización, empleo y producción, vinculando la ley al modelo excluyente de la dictadura de 1976-1980 prologado por Videla, con similitudes en suspensión de convenios colectivos, limitación de paritarias y salarios por decreto. Defiende una política productiva con Estado protector como en EE.UU., y anuncia su voto negativo en general y particular a favor de derechos laborales, sindicatos y protección empresaria para generar puestos de trabajo.