La diputada Fernanda Díaz denuncia en el Congreso los graves impactos de la reforma laboral en el sector rural, destacando que modifica los artículos 12 y 13 de la ley 26.727 de 2011, sancionada bajo Cristina Fernández de Kirchner, quebrando el régimen de solidaridad que protegía a trabajadores con múltiples empleadores en un ámbito de alta informalidad y asimetría de poder. Se extiende el período de prueba a ocho meses, permitiendo despidos sin aviso ni indemnización, ideal para contratos precarios en zonas rurales donde la informalidad supera el 50% y los trabajadores dependen de changas estacionales.
Los oradores de Unión por la Patria advierten sobre la precarización general del empleo, destrucción de pymes y beneficio a monopolios, con despidos masivos ya en marcha: cierres de Kimberly Clark, FATE, Whirlpool, Lácteos Verónica y más empresas por hora. Se rechaza moción de orden para volver a comisión, avanzando a votación del proyecto en medio de tensiones, con llamados a no intimidar a diputados como el de Santa Fe.
La sesión continúa con quórum ajustado, votación negativa para retornar a comisión y afirmativa para proceder a la votación. Intervenciones piden responsabilidad y advierten contra avivadas para dilatar, mientras bloques negocian en un día largo. Posteriormente, la diputada Judici informa de un acuerdo con jefes de bloques para pacificar: retiro de la moción de volver a comisión a cambio de permitir hablar sin gritos, con asentimiento afirmativo para continuar la lista de oradores.
El presidente llama a actuar con responsabilidad, destacando que se han cedido espacios y no corresponde esperar que se vayan diputados exhaustos. Se insta a continuar sin trampas, retomando con la diputada Estrada, quien denuncia otra ilegalidad en el proceso.