La diputada Siley denuncia la traición de gobernadores peronistas en la aprobación de la reforma laboral, que permite despidos gratuitos financiados con fondos previsionales, vaciando el sistema jubilatorio y preparando una reforma previsional futura. Critica la falta de contrapartida para aportes del 1% y 2,5%, la delegación al Presidente para elevar a 3% sin control efectivo, y artículos como el 44 que facilitan quita de derechos. Vincula esto al FMI y al plan macabro para someter a los trabajadores.
El diputado Lustó enfatiza la necesidad de una reforma laboral real para el siglo XXI que eduque y dé instrumentos a la población, pero rechaza esta versión por no proteger a la parte débil en relaciones desiguales. Argumenta que en un contexto de 50% de desocupación, los trabajadores no negociarán en igualdad, lo que generará litigiosidad alta e inconstitucionalidades, como con la Ley Bases que no creó empleo sino que perdió 300.000 puestos en dos años. Desmiente mitos sobre juicios laborales y formalización de empleo con datos del INDEC desde 2002.
La diputada Flade critica la redacción de la reforma por estudios como el de Diego para proteger grandes intereses, derogando estatutos como el del periodista para autocensura, peluqueros, viajantes y teletrabajo, afectando mujeres con hijos. Destaca la derogación del artículo 216 que quita el peculio a presos por trabajo, incluyendo el 10% para reparar víctimas, violando la Constitución y reglas Nelson Mandela, inundando tribunales con litigios.
El diputado Paulón cuestiona el apuro del oficialismo para aprobar sin debate profundo, impulsado por el anuncio del 1 de marzo del presidente, sin modernización real como inteligencia artificial o teletrabajo. Describe la reforma como antilaburante con banco de horas que desorganiza la vida de trabajadores, premisa falsa de igualdad en negociaciones, especialmente en plataformas y cadenas comerciales, donde el empleador controla el tiempo libre. Menciona el conflicto de FATE con 920 familias en riesgo.