En medio de un contexto de alta tensión económica, con 40% de empleo informal, 120.000 despidos y 22.000 empresas cerradas, los diputados opositores rechazan el tratamiento exprés de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica advierte que esta ley no representa a los trabajadores ni a las pymes, sino solo a ciertos sectores, y exige quórum y debate por artículos para evitar una aprobación a las patadas en menos de 24 horas.
El oficialismo enfrenta críticas por radicalizar posturas, especialmente tras el cierre de Fate y la reacción gubernamental, mientras la CGT se moviliza contra privilegios sindicales cuestionados por Patricia Bullrich. Ferraro insiste en que el Congreso debe garantizar deliberación y representación, rechazando el cierre de filas del oficialismo que podría envalentarse como en sesiones previas fallidas, y apoya el rechazo en general de la Coalición Cívica.
En el Senado, el proyecto avanzaría el viernes si se aprueba hoy en Diputados, pero hay quejas por irregularidades reglamentarias de La Libertad Avanza. Analistas destacan que esta reforma pro-empresario, sin consenso con sindicatos ni empresariado, carece de sustentabilidad y vuelo corto, comparándola con modelos como el de México que benefician al trabajador. El inversor extranjero observa un desorden macroeconómico que no incentiva pese a extensiones como el RIGI para minería, con inversiones millonarias en San Juan prometiendo rentabilidades exorbitantes.
Juliano, otro diputado, califica la ley como muerta de entrada por incluir estatutos obsoletos de periodistas e industrias culturales, y el artículo 44 como inhumano al reducir indemnizaciones en casos de enfermedad. Denuncia una filosofía retrógrada que deja afuera a dos tercios de los trabajadores informales, sin resolver la economía ni generar empleo real, en un país donde la mayoría no puede cambiar ni el colchón hace ocho años.