Recta final en la votación por la ley de reforma laboral. En la Cámara de Diputados se expone la diputada Marcela Pagano, criticando duramente el proyecto que precariza a los trabajadores. Por suerte, la historia no la escriben los decretos ni las minorías apresuradas. Se ataca a los ausentes en votaciones clave y se denuncia que esta ley mantiene la precariedad, impide denuncias por accidentes laborales y beneficia solo a las patronales.
La diputada denuncia hipocresía en la defensa de los trabajadores y remite al debate de 2000, citando a Cristina Fernández de Kirchner sobre la falsa dicotomía entre derechos laborales y generación de empleo. Se califica la ley como preperonista, regresiva, inconstitucional y contraria a autonomías provinciales. No se escucharon a sindicatos, gobernadores ni expertos, y se critica la apurada aprobación sin consenso.
El diputado continúa exponiendo números: el costo del FAL en 2.500 millones de dólares y el RIFL en 432 millones, totalizando casi 3 mil millones que podrían usarse para aumentar bonos jubilatorios de 70 mil a 170 mil pesos. Se destaca el crecimiento del FGS en un 50% durante la gestión anterior a valores constantes, y se critica la falta de control en la comisión de fondos de seguridad social. Falta humanidad en el debate, se advierte que la ley genera expectativas negativas para trabajadores, jubilados y monotributistas.
Propuestas alternativas incluyen derechos para trabajadores de plataformas, desconexión digital, aguinaldo para monotributistas, comités mixtos de salud laboral y licencias igualitarias. Se promete revertir la ley al volver al gobierno. Se insertan discursos pendientes y se pasa a votación en general del dictamen de modernización laboral. Se leen aclaraciones por errores materiales en artículos 133, 184 y 190.
Durante la votación, diputados como Garrido votan afirmativo, mientras otros como el de NOPEC votan negativo argumentando defensa de trabajadores. Se cierra la votación sin mostrar resultados finales.