En el marco del cierre de FATE y la inminente sesión en Diputados, el diputado Esteban Paulón denuncia que la reforma laboral es antilaburante, destacando el artículo 44 que permite descontar licencias por enfermedad del sueldo, afectando derechos básicos como no poder enfermarse sin penalidad. Paulón explica que este artículo despertó atención pública, revelando impactos en indemnizaciones, vacaciones y el Fondo de Ahorro para el Despido (FAL), que usaría aportes jubilatorios para cubrir indemnizaciones, beneficiando a empresas como Madanes Quintanilla en casos como FATE, donde 920 trabajadores pierden sus empleos.
Paulón afirma: "Si esta ley estuviera vigente, Madanes Quintanilla no paga ni las indemnizaciones. Los que pagan son los propios laburantes con sus aportes jubilatorios". Critica el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, que generaría superpoblación de causas y eliminaría un fuero especializado desde los años 50. Además, denuncia derogaciones de estatutos profesionales como el de periodistas, trabajadores marítimos y penitenciarios, y el desfinanciamiento del cine, un sector que multiplica empleo y exportaciones.
El diputado detalla ridiculeces en la ley, como bajar impuestos a embarcaciones deportivas y aeronaves de lujo, mientras se eliminan horas extra y se precariza el trabajo en plataformas digitales. En el FAL, propone que sea optativo y pagado por empresas, no con fondos jubilatorios. Respecto al quórum para la sesión de las 2 PM, Paulón indica que su bloque no lo dará por la apurada y complejidad de los 210 artículos, que incluyen temas ajenos como el cine. Asegura que votarán en contra y buscarán mayorías para modificaciones, como rechazar el FAL y derogaciones.
Paulón vincula la ley al "industricidio" del gobierno, criticando la visión de trabajadores como "vagos" y la asimetría en negociaciones con plataformas multinacionales. Menciona el efecto del artículo 44 y declaraciones de Sturzenegger como catalizadores de rechazo, obligando a la ley a volver al Senado. Anticipa que aliados del gobierno podrían cuestionar ahora, dada la torpeza oficial que extendió el debate más allá de cuotas sindicales y reducciones impositivas.