El panel discute la intimación del Ministerio de Capital Humano a la Fraternidad y la UTA por no acatar la conciliación obligatoria, advirtiendo sanciones como el quite de personería gremial si mañana paralizan el transporte público. Se enfatiza que el servicio es esencial, comparable a un hospital, y que el Estado protege a los trabajadores para que puedan laborar sin descuentos ni persecuciones.
Se lee el comunicado de la empresa DOTA, que pone unidades a disposición de los choferes y recuerda la obligación de cumplir con los turnos habituales. Además, se activa la línea 134 para denuncias contra quienes impidan el trabajo, destacando el sistema extorsivo de los gremios que sancionan, echan o escrachan a quienes optan por laborar.
Los panelistas critican que esta discusión no beneficia al pueblo trabajador, sino que son las últimas balas de los sindicatos burocráticos sin legitimidad popular. El pueblo paga los platos rotos, mientras los gremios ignoran la conciliación y extorsionan a los empleados.