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En el debate en vivo sobre la reforma laboral, expertos judiciales como la jueza María Elena López y el doctor Armesto discuten la alta litigiosidad en juicios laborales, destacando que el 60% de reclamos son por accidentes de trabajo rechazados administrativamente y el resto por despidos. Se enfatiza la necesidad de políticas activas de empleo para reducir la no registración, ya que los costos judiciales sobredimensionados desalientan la formalización, con márgenes de interpretación en la prueba y valoración que permiten abusos, aunque hay herramientas como costas para castigar litigios de mala fe.

Se interrumpe para conectar con la sesión en el Congreso, donde la diputada del PRO Florencia De Fensi informa que la votación se prevé cerca de la una de la mañana, con números para aprobar la ley pero con modificaciones clave: eliminación del artículo sobre licencias gracias a negociaciones de Cristian Ritondo y Martín Menem, lo que requerirá retorno al Senado. Discuten también el artículo de billeteras virtuales eliminado en Diputados pese a estar en el proyecto original del Consejo de Mayo, buscando soluciones para evitar rechazo sin reglamentación posterior.

Volviendo al análisis, se aborda la brecha entre la percepción pública de necesidad de la ley para pymes y la visión judicial, cuestionando si reduce el miedo a contratar por altos costos en indemnizaciones y registración. La jueza López aclara que la ley no crea empleo ni baja informalidad sola, requiriendo reformas impositivas y políticas activas, criticando expectativas excesivas y parches en la legislación actual que contraponen institutos, como costos para media jornada equivalentes a tiempo completo.

El doctor Armesto concluye recordando que empresarios también generan juicios por malas prácticas como pagos en negro o liquidaciones erróneas, y que leyes previas como la 2744 fracasaron en blanqueo pese a multas. Afirma que la modernización laboral respeta principios pro-operario y no es regresiva, prediciendo reducción de litigiosidad sin inundación de inconstitucionalidades, respetando el artículo 14 bis constitucional.