La sesión en la Cámara de Diputados por la reforma laboral se extiende con un quórum ajustado de 130 diputados, gracias al apoyo de gobernadores del norte, mientras la oposición cuestiona el apuro del oficialismo y las ausencias de diputados cordobeses que responden a gobernadores opuestos al FAL. Incidentes en el Congreso incluyen el desalojo de la Plaza de Mayo con detenciones como la de Carlos el Jubilado. Críticas fuertes al proyecto señalan que desfinancia el sistema previsional al reducir indemnizaciones por despido sin causa a mitad del salario por año trabajado, y el banco de horas permite al empleador desorganizar la vida de los trabajadores obligándolos a jornadas de hasta 12 horas sin pago extra, violando convenios internacionales de 1919.
Expertos como Claudio Ciampa explican que el banco de horas reduce salarios al eliminar recargos por horas extras del 50% o 100%, y fragmenta vacaciones en periodos mínimos de 7 días de octubre a mayo, con obligación de 15 días corridos en verano solo cada tres años, afectando planes familiares. El ítem "a cuenta de futuros aumentos" se mantiene como parte del sueldo para indemnizaciones, pero la ultraactividad de convenios colectivos podría caer si no se renegocian. Restricciones al derecho a huelga dividen actividades en esenciales (75% prestación) y trascendentales (50%), cubriendo prácticamente todo, lo que chocará con la Constitución y terminará en justicia, como ocurrió con el DNU 70/23.
La reforma desarma la justicia laboral nacional transfiriéndola a distritos como la Ciudad, cuestionando la jurisprudencia acumulada y alegando cooptación por la "industria del juicio", aunque se podría atacar a caranchos sin desmantelar el sistema. El oficialismo busca aprobación rápida para el 1 de marzo en sesiones ordinarias, pero falta votación en Senado, comisiones y reglamentación que podría empeorar todo. El FMI apoya la reforma pero objeta costos de transición por despidos masivos, ignorando impactos de la inteligencia artificial en el empleo.