La situación en la planta de FATE en San Fernando se intensifica con el ingreso de la policía provincial para ejecutar la orden de desalojo emitida por la Justicia de Buenos Aires. Unos 30 trabajadores permanecen dentro del predio, algunos en la terraza, resistiendo la medida tras la toma del lugar en reclamo contra el cierre definitivo de la empresa. El fiscal Marcelo Cuenzalida imputó a líderes sindicales como Alejandro Crespo por turbación de la posesión y daños, argumentando un ingreso clandestino y violento que dañó el perímetro de seguridad a las 6:30 de la mañana.
La empresa, con 80 años de historia, notificó el cese total de actividades y el despido de 750 empleados, quienes recibirán indemnizaciones en 48 horas. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, FATE mantiene su decisión irreversible de no reabrir, priorizando el pago individual de indemnizaciones. Familiares y simpatizantes se concentran afuera, con gazebos y carteles de solidaridad de gremios y partidos de izquierda, mientras la Unión Industrial Argentina critica la pérdida de 65.000 puestos en dos años, atribuyéndola a importaciones chinas y falta de competitividad.
Expertos como el abogado Julián de Diego cuestionan la conciliación obligatoria, ya que no existe un conflicto salarial ni medida de fuerza por parte de la empresa, solo una decisión unilateral de cierre. Los trabajadores, al recibir telegramas en sus domicilios, expresan frustración por el fin de una fuente de empleo que sostenía a 720 familias, en un contexto de múltiples cierres industriales en el país. La policía, respaldada por seguridad privada, espera actuar en las próximas horas para restaurar la posesión, sin reportes de violencia hasta el momento.