En un momento de alta tensión, efectivos policiales ingresaron a la fábrica FATE en la provincia de Buenos Aires para notificar a los trabajadores una orden judicial de desalojo inmediato. Alrededor de 20 a 30 empleados, que ocupaban el establecimiento en protesta por el cierre de la planta y la afectación a 920 puestos de trabajo, recibieron el documento que exige el lanzamiento del inmueble. La acción se produce en el contexto de una crisis industrial agravada, donde la empresa decidió clausurar sus puertas, dejando a los obreros en una situación de vulnerabilidad extrema.
Los agentes, que llegaron a pie y en patrulleros, entregaron la notificación directamente a los manifestantes, quienes se encontraban en las terrazas y áreas de seguridad del lugar. La justicia determinó un plazo de 25 minutos para desalojar voluntariamente, bajo amenaza de intervención policial forzosa. Este incidente genera preocupación por posibles efectos contagio en otras fábricas enfrentando situaciones similares, en un panorama de inestabilidad económica que pone en jaque la estabilidad laboral de miles de familias.
El desalojo es compulsivo y responde a la resolución judicial que califica la ocupación como usurpación, ya que los trabajadores no poseen título sobre la propiedad. Fuentes en el lugar indican que no hay voluntad de rejudicializar el caso, y el foco está en la ejecución inmediata de la orden. Este evento subraya la fragilidad de los derechos laborales en tiempos de recesión, donde las protestas se convierten en el último recurso para visibilizar demandas de justicia social y preservación de empleos.
Paralelamente, el episodio en FATE resalta la urgencia de reformas que protejan a los trabajadores en lugar de facilitar despidos masivos. Expertos advierten que sin mecanismos de contención, situaciones como esta podrían multiplicarse, exacerbando la desigualdad y el desempleo en el país.