Los telegramas de despido han llegado a manos de cientos de trabajadores de FATE, confirmando el cierre de la fábrica y dejando en vilo a más de 900 familias. Lo que antes era un rumor se materializó con notificaciones formales, intensificando la angustia en hogares que dependían de salarios estables tras años de servicio.
Empleados con hasta 12 años en la planta relatan el impacto emocional: padres de familia con múltiples hijos enfrentan ahora la incertidumbre de un mercado laboral escaso. La situación se agrava por deudas acumuladas y el uso excesivo de tarjetas de crédito, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo.
La reducción progresiva de turnos, desde cuatro a dos, y cambios horarios previos al cierre ya habían tensionado la vida familiar. Ahora, sin ingresos principales, muchos temen por la cobertura de salud y el sustento diario, exigiendo que la empresa acate la conciliación obligatoria para evitar un desalojo violento.
Este cierre no solo afecta lo inmediato, sino que resalta la vulnerabilidad de la clase trabajadora ante decisiones empresariales unilaterales, urgiendo intervenciones gubernamentales para mediar en el conflicto.