El gobierno de Guatemala, bajo el presidente Bernardo Arévalo, solicitó esclarecer adopciones ilegales implicando a la fiscal general Consuelo Porras, tras denuncia de expertos independientes de la ONU.
El informe de la ONU detalla preocupación por al menos 80 niños indígenas sometidos a adopciones ilegales internacionales tras captura y desaparición forzada en el hogar temporal Elisa Martínez entre 1968 y 1996.