En la planta de FATE, unos 20 trabajadores, incluyendo delegados, resisten en el interior y sobre el techo ante una orden judicial de Tigre que autoriza el desalojo por la fuerza si no salen voluntariamente. La empresa los califica de usurpadores, mientras esperan cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.
La tensión persiste sin respuesta de la compañía sobre reabrir o acatar medidas, dejando a los empleados en vilo. Esta situación ejemplifica el conflicto entre derechos laborales y decisiones empresariales en un marco de crisis.
El debate sobre sentido común y legalidad domina, cuestionando si la policía intervendrá contra trabajadores defendiendo su fábrica, en un país donde el equilibrio entre justicia y equidad es frágil.