El Congreso argentino aprobó con amplio apoyo una reforma a la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, creando un régimen específico con penas progresivas para menores. Esta medida responde a la creciente inseguridad, incorporando responsabilidad civil de padres y derechos de las víctimas, alineándose con convenios internacionales.
Expertos en neurología y psicología confirman que jóvenes de 12 a 14 años tienen capacidad para entender y cometer delitos intencionalmente, justificando la aplicación de sanciones. El nuevo marco va desde mediaciones y amonestaciones hasta privación de libertad como última opción, buscando resocializar en lugar de criminalizar, con programas de educación y trabajo comunitario.
Críticas de garantistas señalan riesgos de inconstitucionalidad y discrecionalidad judicial, pero defensores destacan el fracaso del sistema actual de 1980, que judicializa la pobreza sin contención. En provincias como Buenos Aires, institutos colapsados fomentan reincidencia, con fugas filmadas por los propios internos, evidenciando la urgencia de un enfoque nacional unificado.
La ley equilibra justicia para víctimas y rehabilitación para menores, evitando que se conviertan en mano de obra de bandas criminales, y responde a demandas sociales por mayor seguridad sin descuidar la reinserción.