La controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno nacional enfrenta una fuerte oposición política, con cinco gobernadores peronistas de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego emitiendo un comunicado conjunto en su contra. Figuras como Axel Kicillof denuncian el proyecto como un 'retroceso' que atenta contra los derechos de los trabajadores, calificando al gobierno de 'enfermo' y compuesto por elementos que celebran los cierres de empresas emblemáticas. Esta postura marca un endurecimiento del discurso opositor, posicionándose contra lo que perciben como un ataque sistemático al empleo y la estabilidad familiar.
El artículo 44 del proyecto, que modifica licencias y el artículo 208, eliminaría la intervención estatal en conflictos laborales, dejando a las partes sin mediación oficial. Ministros provinciales advierten que esto complicaría la resolución de disputas, como las vistas recientemente en fábricas en crisis. Kicillof, en un tono inéditamente duro, enfatiza que cada despido y cierre empresarial es un 'dolor' para la provincia, contrastando con políticas que han sobrevivido a épocas más adversas pero sucumben ahora.
Políticamente, este rechazo unificado busca diferenciar al peronismo del mileísmo, advirtiendo a gobernadores tibios como Gerardo Zamora que alinearse con el oficialismo los convertirá en 'traidores'. Con miras al 2027, la oposición se organiza para ampliar su base en el interior, utilizando la reforma como bandera contra la desindustrialización y el ajuste. La ley, vista como un 'exterminio' de derechos, podría galvanizar una resistencia que trascienda fronteras partidarias.