El gobierno de Irán anunció la formación de una comisión para investigar la violencia en las protestas de enero, pero analistas y reformistas cuestionan su imparcialidad al ser designada por el régimen. Manifestaciones multitudinarias han expuesto tensiones internas, con episodios de represión que dejan escepticismo sobre la credibilidad de la iniciativa.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de una misión internacional para examinar violaciones graves, pese a la negativa de Teherán a permitir su ingreso. Antecedentes como la investigación del derribo de un avión ucraniano en 2020 alimentan dudas sobre la transparencia oficial.
Dirigentes opositores advierten que una comisión interna no admitirá fallas del régimen, urgiendo intervenciones independientes. Estas protestas reflejan un descontento persistente, donde la violencia estatal choca con demandas de reformas, impactando la estabilidad regional.