Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, reclaman acceso sin restricciones a Venezuela para observadores de derechos humanos, en medio de esfuerzos por desmantelar el aparato represivo del chavismo y aplicar reformas electorales y judiciales. Aunque se valoran recientes liberaciones, persisten al menos 600 detenciones por motivos políticos, con relatos de re-detenciones y tratamientos inhumanos.
La oposición y familiares de presos mantienen vigilias y huelgas de hambre para presionar por su libertad, destacando la necesidad de elecciones libres que incluyan la revisión del Consejo Nacional Electoral. Figuras liberadas han denunciado ciclos de detención arbitraria, lo que genera dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales de detenidos.
Estos reclamos se enmarcan en un contexto de transición post-Maduro, donde la comunidad internacional busca garantizar integridad territorial y condiciones democráticas. La ONU insiste en que sin observación imparcial, las reformas prometidas carecen de credibilidad, urgiendo a Venezuela a permitir investigaciones independientes.