Olga, una jubilada de Temperley afiliada a PAMI, lleva dos años postergando su cirugía de cadera por una prótesis corrida, con once intentos fallidos en el Hospital César Milstein. Excusas como falta de aire acondicionado, camas de terapia intermedia, instrumentación sucia o prótesis ausente han frustrado cada ocasión, dejando a Olga dependiente de un andador, con dolores constantes y ayuda diaria de su esposo Jorge para vestirse y bañarse.
Tras operarse en particular hace tres años, la prótesis se desplazó a los seis meses, y al recurrir a PAMI, autorizaron una importada que, según Jorge, una ortopedia como Expo Trauma debía entregar. Sin embargo, el hospital culpa a la ortopedia por no proveerla a tiempo, mientras el médico Sarsaki agenda cirugías que se cancelan el día mismo o la víspera. Olga sospecha mentiras sistemáticas, ya que ni siquiera le muestran la prótesis físicamente.
El impacto en su vida es devastador: no puede cocinar ni vestirse sola, sintiéndose inútil pese a intentos por mantenerse activa. La familia denuncia la burocracia de PAMI, que impide transferir la prótesis a otro hospital sin reiniciar trámites. Casos similares, como demoras en marcapasos, resaltan fallas en el sistema de salud pública para jubilados, exigiendo intervención urgente para que Olga recupere su movilidad.