El Ministerio de Capital Humano ha intensificado su intimación a los gremios La Fraternidad y la UTA, advirtiendo que cualquier medida de fuerza en adhesión al paro general de la CGT violaría la conciliación obligatoria vigente. Esta disposición legal busca garantizar la continuidad de servicios esenciales como trenes y colectivos, especialmente ante la inminente aprobación de una reforma laboral que los clasifica como prioritarios.
Los gremios sostienen que su adhesión al paro es una decisión colectiva de la CGT, argumentando que prevalece sobre la conciliación impuesta por el gobierno. Sin embargo, la normativa en debate obliga a cubrir al menos el 75% de las posiciones en estos transportes masivos, incluso durante huelgas, lo que representa un desafío directo para las acciones planeadas.
Expertos del Instituto Económico de la UADE calculan que el paro podría generar pérdidas millonarias para la economía nacional, basados en estimaciones de paros anteriores que han escalado en impacto durante los últimos años. Estos cálculos incluyen la paralización del transporte, clave para la movilidad urbana y el comercio, y destacan cómo la ausencia de estos servicios amplifica el costo total del día de huelga.
La tensión entre gobierno y sindicatos subraya el telón de fondo de la reforma laboral, donde los subsidios estatales a los colectivos añaden complejidad a la negociación, potencialmente afectando la operatividad diaria de millones de argentinos.