El gobierno guatemalteco ordenó una investigación a la procuradora general Consuelo Porras por su presunta vinculación con una red de adopciones ilegales durante la guerra civil.
Esta medida responde a un informe de la ONU que señala su participación directa en la desaparición forzada de decenas de niños de pueblos originarios.
El caso revive controversias históricas sobre violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.