Constitucionalistas coinciden en que la propuesta de ley para transferir el fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendría efectos retroactivos, aplicándose solo a futuras contrataciones y despidos. Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez explicaron que, según el Código Civil, las normas no pueden alterar derechos ya adquiridos por los trabajadores, por lo que el nuevo cálculo indemnizatorio regiría para nuevos empleados sin modificar situaciones previas.
Respecto al impacto en el personal actual, los expertos indican que ambos regímenes –el actual artículo 245 y su versión reformada– convivirían hasta que los trabajadores bajo el viejo sistema dejen de estar empleados. Esto implica que despidos posteriores a la sanción de la ley seguirían la nueva fórmula solo para contrataciones recientes, preservando la estabilidad de los derechos laborales existentes y evitando violaciones constitucionales.
El fuero laboral no desaparecería, sino que se transferiría a la justicia porteña, manteniendo la independencia judicial y los beneficios de los magistrados. La Corte Suprema ha avalado este traspaso en fallos previos, alineado con la autonomía de CABA reconocida en la Constitución. La norma, que genera alertas en la justicia, podría judicializarse, pero no afectaría garantías fundamentales.