El gobierno busca aprobar la reforma laboral en Diputados mañana para que regrese al Senado y se sancione antes del 1 de marzo, permitiendo al presidente presentar la ley como logro político en el inicio de sesiones. Sin embargo, el proceso es ajustado: la comisión senatorial debe reunirse el viernes para cumplir con el reglamento que exige siete días previos a la sesión, lo que genera dudas sobre el quórum.
Patricia Bullrich expresa escepticismo sobre la viabilidad, mientras analistas critican el manejo gubernamental, calificándolo de error político grave al convertir una potencial victoria en un debate controvertido. El artículo 230, clave en la eliminación de regulaciones, ha polarizado opiniones y podría requerir contrarreformas.
El impacto del paro en las calles podría influir en la percepción pública: un acatamiento masivo no debilitaría directamente la ley, pero sumaría presión opositora. Este cuarto paro bajo la gestión actual tiene sustento concreto en la reforma, destacando fallas en la negociación con sectores laborales.