Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, enfrenta acusaciones por el alquiler de oficinas en la City porteña que costó 720 millones de pesos. Este gasto se produce en un contexto de ajuste fiscal y escasez de recursos públicos, generando indignación por el derroche en medio de la crisis económica.
El funcionario, recordado por su rol en el megacanje durante épocas pasadas de impunidad, repite patrones de morder curros en el Estado. Críticos señalan que en un país sin plata para lo esencial, priorizar lujos como estos oficinas demuestra falta de sensibilidad hacia la realidad social.
La denuncia resalta la necesidad de transparencia y control en el manejo de fondos públicos, especialmente cuando se promueven políticas de austeridad para los ciudadanos comunes. Este caso alimenta el debate sobre la integridad de los funcionarios en cargos clave.