El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfrenta un creciente escrutinio por la adjudicación de contratos estatales a una asociación cultural dirigida por su esposa, María Josefina Roubilliet. La Cancillería asignó 114 millones de pesos para cursos de inglés destinados a 132 funcionarios en 2026, un monto que contrasta con el bajo uso del servicio en 2025, donde solo 10 agentes participaron. Esta disparidad ha levantado sospechas de sobreprecios y direccionamiento irregular, exacerbadas por revelaciones recientes sobre un contrato de alquiler de oficinas para su ministerio por 120 millones de pesos, incluyendo cocheras, en medio de una política gubernamental de 'alquiler cero' para reducir gastos estatales.
Las denuncias penales se acumulan: dos impulsadas por abogados particulares y una tercera presentada por la senadora Juliana Di Tullio, quien formalizó su acusación en Comodoro Py. Documentos internos muestran que cada curso podría costar hasta 863.636 pesos por alumno, casi el doble de lo que pagaría un particular por un servicio similar, estimado en alrededor de 100.000 pesos menos. La Oficina Anticorrupción ha puesto la lupa sobre estos contratos, destacando el potencial conflicto de intereses y la falta de justificación para la magnitud de los fondos asignados.
Expertos y medios como Noticias Argentinas han expuesto estos detalles, cuestionando la transparencia en la gestión de fondos públicos bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el caso avanza en la Justicia, persisten interrogantes sobre si el Estado llenará los cupos proyectados o si los costos implícitos se elevarán aún más, alimentando el debate sobre corrupción y eficiencia administrativa en el Ejecutivo.