El gobierno argentino impulsa el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales que actualmente destinan a la seguridad social. Estas contribuciones, que sostienen el sistema previsional a través del ANSES, se redirigirían para ayudar a empresas en el pago de indemnizaciones, lo que representa una merma significativa en los fondos jubilatorios. Expertos estiman que esta medida podría equivaler a 3,7 billones de pesos anuales, o unos 2.500 millones de dólares, impactando directamente en la sostenibilidad de las pensiones.
Críticos del proyecto destacan que el FAL, acordado en el Senado con aportes del 2,5% para pymes y 1% para grandes empresas, socava el centro del ANSES sin una compensación clara. Esto se traduce en el equivalente a 11,5 millones de jubilaciones mínimas por año que dejarían de ingresar al sistema. El debate se intensificó tras la eliminación del controvertido artículo 44, que recortaba salarios por accidentes laborales, pero el foco ahora está en cómo este fondo podría derivar en inversiones financieras opacas en lugar de proteger el bienestar social.
En el ámbito político, el proyecto enfrenta resistencias en el Congreso, particularmente entre sectores como Innovación Federal, con 15 votos clave que podrían bloquear su aprobación. Mientras tanto, protestas como el ruidazo en San Telmo contra la 'ley de retroceso laboral' y el hashtag #CierroFATE reflejan el descontento popular, vinculando esta reforma a cierres industriales recientes que dejan miles de trabajadores en la calle.