La fábrica de neumáticos FATE, que durante años operó bajo un esquema de protecciones estatales como subsidios energéticos, créditos preferenciales y cierre de importaciones, enfrentó una crónica de muerte anunciada al no adaptarse a la competencia abierta. Esta dependencia de un mercado cautivo resultó en una productividad extremadamente baja, con procesos manuales obsoletos en comparación con plantas robotizadas en otros países, lo que impidió su supervivencia ante la eliminación de barreras comerciales.
El conflicto gremial agravó la situación, con episodios recurrentes entre 2022 y 2026 que paralizaron operaciones, coincidiendo con restricciones al acceso de divisas y materias primas. Los trabajadores, que ahora enfrentan despidos masivos, sufrieron un modelo que priorizó el monopolio sobre la inversión, llevando a precios hasta el doble de los regionales: un neumático en Argentina costaba en promedio 219 dólares, mientras en países vecinos no superaba los 100.
La carga impositiva del 62% a lo largo de la cadena de valor, desde la fábrica hasta el minorista, emerge como un obstáculo persistente para la competitividad. Aunque el gobierno actual busca reducir esta presión, expertos del sector destacan que empresas como FATE no invirtieron en eficiencia, diferenciándose de competidores como Bridgestone y Pirelli, que se enfocan en producción a escala. El cierre no solo afecta a 920 familias, sino que cuestiona la viabilidad de industrias protegidas en un contexto de apertura económica.