El proceso de desinflación en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei exige un ratio de sacrificio elevado, donde la caída de la inflación se logra a costa de una contracción significativa en la actividad económica y el empleo. Expertos destacan que, a diferencia de planes exitosos como la Convertibilidad o el Plan Austral, que expandían la economía, el actual modelo genera costos altos en sectores industriales vulnerables. En el caso de la industria de neumáticos, la apertura a importaciones ha reducido los precios en un 35%, pero ha provocado una merma del 50% en la producción y el empleo, dejando en jaque a miles de trabajadores.
El contexto global complica aún más la situación: mientras Argentina abre su economía, la globalización retrocede con medidas proteccionistas en países como Estados Unidos, Brasil y Europa contra el dumping chino. Esta apertura, eliminando aranceles del 20% y medidas antidumping, se produce en un momento inoportuno, donde China busca nuevos mercados ante barreras en Occidente. Analistas critican que el timing ideológico del plan ignora realidades geopolíticas, exacerbando la desindustrialización local y cuestionando si el premio electoral justifica el dolor social, con 920 familias afectadas directamente por cierres como el de FATE.
Para mitigar estos efectos, se propone un enfoque pragmático: un arancel común alto (30-40%) con una reducción gradual anunciada, similar al plazo de diez años en el acuerdo UE-Mercosur, permitiendo a las empresas adaptarse. Sin embargo, sectores ganadores como minería, agro y energía no compensan los empleos perdidos en industria, debido a diferencias en requerimientos laborales y reconversión geográfica. La sociedad argentina, ansiosa por soluciones rápidas, enfrenta un balance desigual donde los perdedores no son suficientemente respaldados, urgiendo ajustes para evitar una crisis mayor en el empleo y la competitividad.